Publicación: Las implicaciones de la derogación de los incentivos económicos en las acciones populares en el municipio de Barrancabermeja
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Resumen
La acción popular como mecanismo constitucional para la protección los derechos colectivos, se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 472 de 1998, la misma que dentro de sus apartes reguló la figura y estableció unos incentivos económicos para los actores populares que lograron salvaguardar los derechos colectivos que estaban siendo vulnerados o en peligro de vulneración, incentivando así el principio de solidaridad de los ciudadanos. En el año 2010 la acción popular tuvo un giro con la eliminación de los incentivos económicos, producto de un proyecto de Ley que argumentó que aquel beneficio que se otorgaba había promovido un aprovechamiento de los ciudadanos con el ánimo de lucrarse más que buscar la protección misma de los derechos, y a su vez este generaba un detrimento en el erario público. Esta eliminación ha desencadenado en el fenómeno de la disminución de las acciones populares a nivel nacional y en el Municipio de Barrancabermeja, puesto que ya no existe una motivación para que los ciudadanos ejerzan la acción popular sin que exista un reconocimiento a su trabajo, siendo esta la implicación sociológica más relevante que abordará el estudio de esta investigación. La implicación jurídica se percibe desde la expedición de la Ley 1425 de 2010 que derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, posteriormente las acciones de inconstitucionalidad impetradas por los ciudadanos que consideraron dicha Ley violatoria de los preceptos constitucionales, sin embargo, a pesar de los fundamentos esbozados por los actores en sus demandas, la Ley que eliminó los incentivos se mantiene hasta la actualidad. Para el estudio de las implicaciones en la investigación, en primer lugar se buscará conocer las causas que produjeron la eliminación y los pasos efectuados para llegar la expedición de la Ley derogatoria de los incentivos, igualmente los fundamentos del proyecto de Ley 056 de 2009 que culminó en la expedición de la Ley 1425 de 2010 serán analizados de manera crítica, en contraste con posiciones que desvirtúan los hechos en que se basaron para proponer mediante un proyecto de Ley eliminar los incentivos económicos dispuestos para los actores populares. Igualmente se estudiará el aspecto sociológico que más impacto ha generado el cual es la desmotivación de los ciudadanos para interponer las acciones populares, y dicho aspecto se comprobara mediante la investigación estadística en los Juzgados Primero y Segundo Administrativos del Circuito de Barrancabermeja, en aras de conocer las cifras exactas de cada año desde la creación del Primer Juzgado Administrativo de Barrancabermeja, esto con el fin de comparar el número de acciones populares interpuestas durante los años anteriores a la expedición de la Ley 1425 de 2010 y los años posteriores y verificar el dinamismo de esta acción durante estos años, y con cifras exactas evidenciar el fenómeno de la disminución de interposición de acciones populares en el Municipio. La metodología aplicada al tema en cuestión fue sustraída a partir de la información suministrada por los Juzgados Primero y Segundo Administrativos del Circuito de Barrancabermeja, y asimismo se hará un estudio detallado de los pronunciamientos emitidos por la corte constitucional respecto a la constitucionalidad de la Ley 1425 de 2010 Por último, el impacto esperado pretende ser el de conocer la situación jurídica en la que se ha visto inmersa la acción popular desde su inicio en la Legislación Colombiana hasta la actualidad, e identificar qué factores inciden en la actual desmotivación por parte de los ciudadanos para no interponer acciones populares en razón de la protección de los derechos colectivos, de igual manera conocer las cifras exactas que permitan demostrar con claridad la disminución del número de acciones populares que se interponen una vez se derogaron los incentivos, y así apreciar la gravedad de este fenómeno.