El problema al que se pretende dar respuesta, tiene que ver con que a pesar de que las personas cumplan con los requisitos para poder acceder a una pensión, algunas entidades no conceden el derecho por diversos motivos, entre ellos, no tener en cuenta el tránsito normativo, por interpretación de las normas frente a determinados hechos que a juicio de las entidades administradoras de pensiones, justifican la negación del derecho, circunstancias estas, que obligan al afiliado afectado a iniciar acciones judiciales (bien sea ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la de lo contencioso administrativo), con el fin de obtener el reconocimiento de su derecho pensional.