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El sistema acusatorio y respeto a las garantías constitucionales.

Resumen

Es preciso hacer mención a los pormenores que trae este nuevo modelo de justicia para garantizar que los derechos adquiridos por vía jurisprudencial, de las personas que se han visto enfrentadas al aparato judicial represor del Estado Colombiano se mantengan y así se continúe con la línea de amparo a la parte más débil del proceso (el implicado); en la reforma adoptada se refleja desde ya un desequilibrio en las garantías propias del debido proceso, situación ésta totalmente contradictoria con las normas vigentes en el bloque de constitucionalidad en materia penal y con la misma jurisprudencia nacional. Es más: no estamos a más de tres años desde que entró a regir la normatividad de la Ley 600 de 2.000, o sea que el principio de la seguridad jurídica se desconoce con esta avalancha de reformas procedimentales y aún más a la fecha no nos hemos acostumbrado a las normas de nuestra actual normatividad cuando ya estamos hablando de cambios; pero éste es un cambio radical que implica una transformación integral de los derechos, deberes y obligaciones de todas las partes intervinientes en el proceso penal. La implementación en nuestro país de un nuevo modelo de procesamiento criminal inscrito en las estructuras de un sistema penal oral acusatorio, sin que sea puro, tiene unas implicaciones hasta ahora impredecibles y es objetivo fundamental de este trabajo, poder identificar las fortalezas y debilidades del mismo, de modo que desde nuestra perspectiva de defensores públicos, podamos aportar a su fortalecimiento y mejoras, teniendo en cuenta que es uno de nuestros grandes centros de gravedad la existencia de una justicia penal garantista, respetuosa y firme.