Guía para la administración de los fondos de servicios educativos.

Abstract

Los cambios realizados en la Constitución Política de 1991 se han hecho evidente en todos los sectores de la vida colombiana y en el caso del sector educativo, éste no ha estado ajeno a tal cambio. La Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, inicia la aplicación de esos cambios en el sector educativo con el concepto de la Autonomía Escolar. La Autonomía Escolar se entiende como la capacidad que tienen las Instituciones Educativas Estatales de organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel; de introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley; de adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales; de adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, todo lo anterior, dentro de los límites fijados por la Ley, el Proyecto Educativo Institucional y de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Pero el concepto de autonomía no solo queda allí sino que también toca el aspecto financiero. Los recursos estatales destinados al sector educativo buscan atender los objetivos constitucionales, por lo tanto, la autonomía de las Instituciones Educativas se ve reflejada, también, en los recursos que ellas generan, administran y ejecutan.