Resulta relevante evidenciar como la Corte Constitucional a través de una sentencia de unificación, la cual sienta un precedente vinculante para todas las autoridades judiciales y administrativas del país analiza los limites competenciales de las consultas populares en materia minera, frente a las decisiones que pueden tomar las alcaldías y gobernaciones si tratan de resolver asuntos de su competencia en razón al subsuelo, pero que a la misma vez lo sea del Gobierno Nacional, lo cual la hace aún más importante debido a que la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia se torna en un asunto de interés nacional que escapa de la órbita territorial, limitando así el principio de autonomía territorial lo que supone cierta dependencia de los entes territoriales y que esta limitación aplica para aquellos casos en que sea de suma importancia para la economía nacional y territorial.