La jurisdicción contenciosa administrativa cuenta con la potestad de ejercer control de legalidad a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de los actos administrativos disciplinarios proferidos por la Procuraduría General de la Nación o sus entidades delegadas, como ocurre con los expedidos dentro las investigaciones disciplinarias adelantadas en contra de los servidores públicos por extralimitación u omisión en el desarrollo de actividades contractuales de carácter público. La presente investigación estuvo encaminada a exponer y analizar el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el tema de la responsabilidad de los servidores públicos en materia de contratación estatal, a partir de la entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano de la Ley 1474 de 2011, más conocida como Estatuto Anticorrupción.